La independencia de la India del imperio británico no se gestó mediante una rebelión armada ni estrategias de terror, sino gracias a un movimiento pacifista, inspirado y dirigido por Mahatma Gandhi, que minó las bases morales de una ocupación colonial que durante dos siglos sometió a 400 millones de habitantes. La resistencia no violenta contra la represión y la desobediencia civil contra el mayor imperio colonial de la época hicieron posible aquel “milagro” el 15 de agosto de 1947.
En Bolivia, mientras escribo, asistimos a un fenómeno inverso: corporaciones sindicales, movidas por intereses políticos, financiación turbia y reivindicaciones heterogéneas, han recurrido a la violencia contra la población civil y contra un gobierno legítimamente constituido. Su objetivo es forzar la renuncia del presidente mediante la extorsión, secuestrando el bienestar, la economía y la paz social de todo un país.
Resulta paradójico que el Estado, facultado por la ley para ejercer el uso legítimo de la fuerza en defensa del orden, haya optado por la contención. Esta actitud es cuestionada por la ciudadanía, perjudicada por las acciones criminales de esas corporaciones que, bajo un mal entendido “derecho a la protesta”, privan a todo un país de alimentación, salud, educación, trabajo y esperanza.
¿Qué motiva al gobierno de Rodrigo Paz Pereira a soportar esa agresión sin responder de manera contundente a la escalada de provocaciones?
Puede ser, en primer lugar, un cálculo político que apunte a un desgaste físico, económico y moral de los responsables del conflicto. O, tal vez, su pasividad responda al temor de caer en la trampa de estos grupos que aguardan cualquier incidente para “facturar” víctimas y enarbolar “masacres” para deslegitimar la autoridad de los gobernantes.
Personalmente, prefiero pensar en una opción ética, aquella que compartieron Gandhi, Martin Luther King, Mandela y, mucho antes, Jesucristo. Todos ellos comprendieron que la lógica del mal consiste en arrastrar a sus víctimas a su propia espiral de violencia y odio. De hecho, Cristo venció al mal, e incluso a la muerte, al negarse a responder al mal con el mal y a la injusticia con la maldición, marcando un camino de victoria.
Más allá del desenlace de este conflicto, es imperativo establecer «líneas rojas» para la conflictividad social. Así como la cruenta batalla de Solferino (1859) dio origen al Derecho Internacional Humanitario, Bolivia debe acordar normas básicas que todas las partes estén obligadas a cumplir, inspiradas en la regla de oro: «No hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti».
Esas líneas rojas, que nunca más deberían cruzarse por todas las partes involucradas en los conflictos sociales, van desde el respeto a la vida, renunciando al uso de armas letales (no solo de fuego); la protección a los sectores más vulnerables (enfermos, menores y ancianos); el respeto a la propiedad pública y privada y un compromiso ético que impida de plano infiltraciones y alianzas con organizaciones delincuenciales y criminales.
La legitimidad de estas reglas depende de su aplicación: debe prevalecer el imperio de la ley sobre la impunidad. Los actos delictivos cometidos en el marco de las protestas deben derivar en procesos penales rigurosos. Es fundamental el resarcimiento de los daños mediante la confiscación de los fondos de las organizaciones involucradas y, llegado el caso, la suspensión de desembolsos tributarios a los municipios que actúen como epicentro de bloqueos, destinando esos recursos a reparar la infraestructura y la economía devastadas por la complicidad o participación directa de sus habitantes.
Juicios y resarcimientos, exactamente como después de una guerra.