Esta segunda entrega, con miras al sesquicentenario de las relaciones entre Bolivia y el Vaticano, trata de la transición de las Delegaciones Apostólicas a la Nunciatura (1877-1925); es decir, hasta el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas.
La Guerra del Pacífico (1879-1880) dejó una dolorosa lección a los gobiernos conservadores de finales del siglo XIX: no bastaba con poseer territorios en el mapa; era urgente y estratégico asegurar la presencia efectiva del Estado en todo el extenso y vulnerable territorio nacional. Paralelamente, la nación requería un proceso de «descolonización» interna impulsado a través de la educación.
De esta constatación nació una suerte de simbiosis entre el Estado y la Iglesia, traducida en un sólido apoyo a las misiones religiosas en territorios indígenas, donde el Estado brillaba por su ausencia e inoperancia. Asimismo, el gobierno facilitó el ingreso de nuevas órdenes religiosas, aprovechando el renovado impulso que la Santa Sede otorgó a la labor misionera a lo largo del siglo XIX. La rehabilitación de la Compañía de Jesús y la llegada de salesianos, lasallistas y de las Hijas de Santa Ana —enfocados en la educación elitista y técnica—, así como de las Hijas de la Caridad en el ámbito social, marcaron el tránsito del siglo XIX al XX.
Mientras en Bolivia se libraba la cruenta Guerra Federal, fungía en Lima como delegado pontificio para Perú, Bolivia y Ecuador (1898-1901) Mons. Pietro Gasparri, una destacada figura eclesiástica que posteriormente alcanzaría las más altas dignidades: cardenal, secretario de Estado de dos papas (1914-1930) y firmante de los Pactos de Letrán junto con Benito Mussolini.
Las relaciones entre el Vaticano y Bolivia experimentaron una fase de franca tensión con la llegada al poder del Partido Liberal, debido a una agenda de reformas seculares que socavaban la tradicional influencia de la Iglesia en la vida civil. La controversia, que giraba en torno a la libertad de culto, el fuero eclesiástico, la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y el matrimonio civil, si bien hoy nos parece anacrónica, llevó por entonces las relaciones bilaterales al borde de la ruptura.
Tal escenario crítico se desarrolló durante la administración de Ismael Montes (1904-1909), siendo delegado apostólico Mons. Angelo Dolci, quien residía de manera permanente en La Paz.
El momento más álgido de este desencuentro se alcanzó con la Carta Apostólica “Afflictum propioribus” (1906) del papa Pío X. El documento estaba dirigido a los obispos bolivianos, pero sus duras críticas a las políticas secularizadoras se proponían llegar a oídos del gobierno de Montes. A pesar de la gravedad del diferendo, no se conservan evidencias de una respuesta diplomática formal por parte del gobierno boliviano a dicha encíclica, ni tampoco de una suspensión o ruptura de relaciones, tal como en ocasiones se ha afirmado.
A partir de 1917, la Delegación Apostólica fue elevada al rango de «Internunciatura», un paso institucional decisivo hacia la consolidación de relaciones plenas que culminaría el 11/2/1925 con la elevación al rango de nuncio del internuncio Gaetano Cicognani (1925-1928).
En esta compleja redefinición del marco jurídico entre la Iglesia y el Estado, desempeñó un rol fundamental Mons. Rodolfo Caroli, internuncio desde 1917 hasta su repentino fallecimiento en La Paz en 1921. En un gesto sorprendente, la Convención Nacional —de extracción liberal— declaró duelo nacional y autorizó su sepultura en la cripta de la Catedral de La Paz.
Este acontecimiento constituye una señal inequívoca de que las relaciones bilaterales no estaban tan deterioradas como las disputas de la década anterior habrían hecho suponer.